El Gobierno ha aprobado un real decreto que reformula el servicio universal de telecomunicaciones en España.
La nueva norma traslada obligaciones y costes a las principales operadoras del mercado y eleva los requisitos de prestación del servicio, enfocándose en que sean más asequibles y protejan a los colectivos vulnerables.
El fin del operador único
El servicio universal de telecomunicaciones recaía principalmente sobre un operador (Telefónica). El nuevo reglamento elimina esta figura y distribuye la responsabilidad entre todas las operadoras que operan en el territorio español.
Telefónica, MasOrange y Vodafone, junto con el resto del sector, deberán garantizar el acceso a servicios de voz y datos en todo el país, incluso en zonas rurales aunque el mercado no lo haga de forma natural.
El decreto amplía la Ley General de Telecomunicaciones y refuerza el carácter de derecho básico de las comunicaciones. A partir de su entrada en vigor, las compañías deben proporcionar el acceso a precios asequibles y atender todas las solicitudes en plazos máximos establecidos.
Además, el acceso mínimo a internet de banda ancha se eleva a 100 Mbps, lo que incrementa los costes de despliegue y mantenimiento de redes, especialmente en áreas despobladas.
Tarifas sociales obligatorias
El Gobierno obliga a todas las operadoras a ofrecer abonos específicos para colectivos vulnerables, con un descuento mínimo del 25% tanto en la cuota de alta como en la mensualidad, a publicitar la starifas de forma visible y garantizar que no se produzcan desconexiones injustificadas.
Los beneficiarios incluyen:
- Titulares del Ingreso Mínimo Vital.
- Colectivos en riesgo de exclusión.
- Pymes, microempresas y organizaciones sin ánimo de lucro.
Tensiones en el sector
Los directivos de Telefónica, MasOrange y Vodafone han alertado sobre la “guerra de precios” que erosiona los resultados y dificulta la financiación de las inversiones en 5G y fibra.
Los críticos de la norma argumentan que puede desincentivar la inversión privada en zonas menos rentables y los defensores destacan que el acceso a internet de calidad se ha convertido en un servicio esencial comparable a la electricidad o el agua.